Derechos humanos en Colombia
Colombia tiene un
compromiso formal y legal con los Derechos Humanos. En la práctica, en
los últimos años ha habido una serie de violaciones sistemáticas de los
derechos humanos por diversas partes en conflicto.
Introducción
El propósito de los Derechos Humanos es el de dar
protección a la agencia humana, es decir, defender a los agentes humanos de la
opresión y el abuso que otros cometan en su contra.1 Sin
embargo, su respeto en la cotidianidad de algunos países es un serio reto para
los Estados y, por lo tanto, para los entes internacionales encargados de velar
por ellos.
Un caso concreto que permite evidenciar las
particularidades del problema mencionado es el colombiano. Durante
aproximadamente 40 años, Colombia ha vivido
un conflicto armado que ha arrojado una constante y sistemática violación a los
Derechos Humanos de sus habitantes, principalmente aquellos residentes en el
sector rural. Tan sólo en el año 2003 se presentaron, por cuenta de los grupos
ilegales 23.013 homicidios, 3.387 secuestros extorsivos, 121 masacres y cerca
de 175.270 nuevas personas desplazadas.2
Enfrentar y detener dicho fenómeno se torna cada vez
más complicado al existir la dificultad de definir y atribuir dichas
violaciones; sin embargo los derechos humanos implican obligaciones a cargo del
Estado; por lo tanto, es el Estado el responsable de respetarlos, garantizarlos
o satisfacerlos, así como de su incumplimiento o violación. Si existen además
actores armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
estarían cometiendo una infracción al derecho internacional humanitario.
Ahora bien, algunas Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) han asumido el papel de recoger y divulgar las diferentes denuncias sobre
violaciones de los Derechos Humanos. Sin embargo, la magnitud de la población
afectada es tal que gran parte de las violaciones no llegan a ser reconocidas
institucionalmente y permanecen en la impunidad. De igual forma, es necesario
tener en cuenta que existe una disputa entre el gobierno colombiano y las ONG a
la hora de sustentar, cualitativa y cuantitativamente, la realidad del
fenómeno. Es por eso que muchas de ellas han acusado al gobierno de persecución
política. Lo anterior puede ser entendido bajo la diferencia ideológica
presentad por cada uno: las ONG con una posición critica y pasiva, frente a la
posición del gobierno colombiano, que ha radicalizado su discurso y ha atacado
a muchas de las organizaciones de derechos humanos.3
Además de lo expuesto hasta el momento, se puede decir
que Colombia evidencia una paradoja al presentar un nivel de violencia muy
elevado –junto a una constante impunidad- y una sobreabundancia de normas y
leyes que, al no ser respetadas, acaban en demostrar la inoperancia del Estado.
El caso colombiano es un claro ejemplo de cómo un
discurso, como el de los derechos humanos, bajo condiciones de conflicto y
violencia, genera una gran dificultad para ser llevado a la práctica. Se
encuentra, entonces, que tanto el discurso como la realidad carecen de una
misma orientación y que aspectos como los Derechos Humanos no deben ser
estudiados y exigidos de la misma forma que se hace en otros contextos y
sociedades, donde la violencia y la desigualdad no son algunos de los factores
que los caracterizan.
Perspectiva de los líderes políticos en 2010
Poco antes de las elecciones presidenciales de Colombia
de 2010, Antanas Mockus, Rafael Pardo, Gustavo Petro, Noemí Sanín, Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, los candidatos a la presidencia, dieron su punto de
vista sobre los derechos humanos en una entrevista.4
Preguntados sobre la situación general de los derechos
humanos en Colombia, mostraron diversos grados de preocupación y diferentes
percepciones del origen principal del problema. En cuanto a la gravedad de la
situación actual, Juan Manuel Santos fue el más optimista y Rafael Pardo el más
negativo. En cuanto al origen, Juan Manuel Santos lo asoció al terrorismo,
Noemí Sanín al narcotráfico, Germán Vargas Lleras con la impunidad, Gustavo
Petro y Rafael Pardo se fijaron más en los agentes del estado y los
paramilitares, y Antanas Mockus señaló la necesidad de coherencia: luchar
contra la delincuencia desde la legalidad democrática.
Juan Manuel Santos también destacó que el combate a
las bandas criminales debía ser una prioridad coordinada desde el Ministerio de
Defensa, pero que estas eran mucho más débiles y menos ideologizadas que las
desmovilizadas AUC. Antanas Mockus resaltó la importancia de la fuerza de la
presión social a la hora de rechazar y superar al narcotráfico.
TUTORA: LINA ALVEAR DAVILA
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